“La mala vivienda y la pobreza no tienen cabida en el código penal”

Il 29 de noviembre de 2022, durante los debates sobre el proyecto de ley destinado a proteger la vivienda contra la ocupación ilegal, el Ministro de Justicia, Eric Dupont-Moretti, expresó ante la Asamblea Nacional su “cansancio de escuchar constantemente que somos los cabrones que queremos criminalizar a los pobres”.

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A riesgo de volver a aburrirnos, sí que estamos hablando de la criminalización de los pobres. El código penal contempla dos delitos de mala vivienda que van dirigidos directamente a las personas sin hogar ya los inquilinos en dificultad. Estos delitos autorizan los bienes inmuebles, cualquiera que sea el uso que se haga de ellos, incluso en desuso, abandonados por sus dueños, pequeños o grandes.

La ley votada en el Parlamento el 14 de junio expone a las personas que ocupen un edificio residencial o comercial, incluso vacío, sin autorización a dos años de prisión y una multa de 30.000 euros. Al mismo tiempo, el delito extendido de allanamiento de morada es por inmuebles desocupados y ve triplicadas sus penas. A lo que se añade un procedimiento administrativo de expulsión en setenta y dos horas, sin control previo por parte del juez, confiando íntegramente a la policía y al prefecto, sobre los que no existe obligación alguna de proponer ni siquiera un alojamiento alternativo.

Precariedad absoluta

Además, si bien por definición ya están abrumados por una deuda de alquiler, los inquilinos que permanezcan en su vivienda tras una sentencia de desahucio serán pasibles de una multa de 7.500 euros. Al mismo tiempo, se acelera el procedimiento de desalojo y se reduce la posibilidad de que el juez conceda plazos para el pago o para el abandono del local.

Esta ley penal, muy concretamente, las personas sin hogar, en mora por algún incidente de la vida, o vulnerables hasta el punto de verse obligadas, a falta de algo mejor, a refugiarse en un local que no es el suyo. Las personas que no pagan el alquiler no lo hacen por elección: atraviesan dificultades, la mayoría de las veces temporales, vinculadas a la pérdida del trabajo, la separación o la enfermedad. Con esta ley, miles de personas en situación de absoluta precariedad se ven amenazadas con la deportación manu militari, custodia policial, penas de prisión, multas imborrables, antecedentes penales… por haber intentado evitar las calles.

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Unas 330.000 personas en Francia se encuentran sin hogar, y cerca de 6 millones corren el riesgo de sufrir un esfuerzo económico excesivo para encontrar vivienda: son las víctimas de esta situación intolerable las que la ley castigará.

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