“Como se observa en algunos países que han legalizado la eutanasia y el suicidio asistido, está en marcha la rebaja de la oferta de paliativos”
IEl debate nacional sobre el final de la vida ha dejado poco espacio para la reflexión sobre las realidades económicas y financieras de nuestra política de cuidados. En nombre de la libertad y la igualdad, los participantes de esta reflexión sucumbieron a concursos de oratoria sobre la conquista de nuevos derechos individuales, en lugar de pensar colectivamente sobre nuestra organización sanitaria y su costo.
El trabajo de la convención ciudadana, la misión de evaluación de la Asamblea Nacional o el dictamen de la comisión del Consejo Económico, Social y Ambiental nunca han puesto en perspectiva el problema del final de la vida con las opciones políticas de salud de nuestro país. Con razón, todos han deplorado la insuficiencia de la oferta de cuidados paliativos, sin mucha originalidad. De hecho, las deficiencias de la política de cuidados paliativos han sido señaladas regularmente durante quince años por el Parlamento, el Tribunal de Cuentas y la Inspección General de Asuntos Sociales. Los informes exploratorios de Jean Leonetti o Didier Sicard tampoco han permitido una corrección significativa de la trayectoria, mientras que el derecho de acceso a los cuidados paliativos está reconocido por ley desde 1999. La lamentable tendencia a dar por cumplido su cometido una vez concedido el derecho en un texto
Es cierto que los planes de cuidados paliativos se han sucedido, pero la oferta domiciliaria sigue siendo insuficiente y 21 departamentos aún no cuentan con unidades de cuidados paliativos. Durante este tiempo se acentúa el envejecimiento de la población, se debilitan las estructuras hospitalarias, los desiertos médicos constituyen una triste realidad y gana terreno el discurso a favor de la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido. Estas dos formas de muerte administrada parecen ser la única respuesta a la incapacidad de pensar en los cuidados o de desarrollar una cultura paliativa que, sin embargo, es necesaria tanto para las necesidades de una sociedad que envejece como para las de las personas vulnerables.
Además de gastar pero mal
Según el informe del Comité de Cuentas de la Seguridad Social, el gasto en seguros de salud ascendió a 245.000 millones de euros en 2022. Seis mil millones de euros se gastarían durante el periodo del final de la vida, de los cuales la mitad en el último mes. Entre estos gastos se describen los llamados medicamentos y dispositivos «caros». Algunas de estas prescripciones parten de una obstinación irrazonable por falta de una consulta reflexiva sobre la pertinencia de su indicación. El gasto en estos costosos tratamientos “curativos” ha aumentado un 36,7 % desde 2015, es decir, tres veces más que el consumo total de atención hospitalaria durante el mismo período. Ahogados en un tecnicismo posiblemente inútil, estos gastos eclipsan por completo los, necesarios, relacionados con el alivio de los síntomas y la logística de la asistencia a la autonomía que requiere cualquier persona debilitada por la enfermedad, la vejez o la minusvalía. Gastamos más pero mal. En su informe de 2022 sobre las cuentas de la Seguridad Social, el Tribunal de Cuentas señala que “Francia es uno de los países europeos en los que más ha caído el gasto y que menos reformas estructurales ha hecho”.
Te queda el 49,81% de este artículo por leer. Lo siguiente es solo para suscriptores.