La incorporación de inteligencia artificial (IA) en el ámbito público en México ha experimentado un notable aumento en tiempos recientes. No obstante, este progreso tecnológico ha venido con inquietudes sobre la claridad y la responsabilidad en su aplicación dentro de las entidades del gobierno.
La implementación de la inteligencia artificial (IA) en el sector público mexicano ha crecido significativamente en los últimos años. Sin embargo, este avance tecnológico ha estado acompañado de preocupaciones relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas en su uso por parte de las instituciones gubernamentales.
Científicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) han detectado al menos 119 usos de IA en funcionamiento dentro de los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno en México. Estas herramientas incluyen desde chatbots para servicio al ciudadano hasta sistemas de análisis de datos para apoyar en la toma de decisiones. No obstante, acceder a detalles específicos sobre estas aplicaciones ha resultado complicado debido a la falta de transparencia y la reticencia de ciertas instituciones a ofrecer información precisa sobre su utilización y operativa.
Retos en la claridad y disponibilidad de la información
Con el objetivo de promover la transparencia, académicos del CIDE elaboraron un registro de los algoritmos empleados por el sector público en México. Este proyecto tiene como finalidad documentar las aplicaciones de IA en distintas entidades y señalar los obstáculos para acceder a información crucial sobre su uso, regulación y objetivos. Durante la fase de recolección de datos, se enviaron alrededor de 2,200 solicitudes de transparencia a organismos públicos. No obstante, numerosas dependencias mostraron resistencia al proporcionar información o contestaron de manera vaga. En algunas situaciones, las instituciones solo admitieron el uso de IA tras la presentación de recursos de revisión frente a los órganos de transparencia. Estados como el Estado de México y Nayarit sobresalieron por su falta de respuesta general.
Mala información y falta de entendimiento sobre la IA
Otro inconveniente detectado es el desconocimiento existente dentro de las mismas instituciones acerca de qué califica como una aplicación de IA. En numerosas respuestas a solicitudes de transparencia, las dependencias mencionaron herramientas de software convencional, como paquetes de oficina o sistemas de ciberseguridad, como si fueran inteligencia artificial. En total, 223 aplicaciones reportadas no cumplían con los requisitos fundamentales para ser clasificadas como IA, lo que evidencia un problema de desinformación incluso en las áreas de tecnología de la información del gobierno.
Aspectos éticos y riesgos vinculados al uso de la IA
El empleo de IA en el ámbito público también ha suscitado debates éticos sobre privacidad, transparencia, responsabilidad y el derecho al acceso a la información. La falta de claridad en los algoritmos puede minar la confianza de la población en estas herramientas, particularmente si no se conocen los criterios que guían su funcionamiento o si presentan sesgos que podrían desembocar en decisiones discriminatorias. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, se pusieron en marcha chatbots como «Susana Distancia» y «Dr. Armando Vaccuno» para orientar a la ciudadanía. No obstante, surgieron inquietudes éticas respecto a la transparencia y privacidad en su utilización, lo que resultó en una disminución de la confianza y uso por parte del público.
Urgencia de un marco normativo apropiado
Necesidad de un marco regulatorio adecuado
La falta de transparencia en el uso de IA por parte de los gobiernos resalta la necesidad de establecer marcos regulatorios que garanticen la auditabilidad y responsabilidad en el uso de estas tecnologías. Es esencial analizar las legislaciones en diferentes ámbitos e identificar cómo podrían ser utilizadas adecuadamente para garantizar que la implementación de IA respete los derechos de la ciudadanía y opere de manera ética y transparente.